.- Ataviados con camisetas negras y la leyenda de: “¿Dónde están: queremos ver sus caras”, los integrantes de un grupo de organizaciones no gubernamentales exigieron al Congreso de Nuevo León y al gobernador Natividad González Parás la localización de Julio, Adriana y Diana, desaparecidos hace un año de los albergues del Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (Caifac) de Monterrey.
Los tres menores de edad, hijos de las hermanas Mónica y María Inés Bernal Hernández, fueron secuestrados presuntamente por los miembros de la Iglesia Cristiana Restaurada fundada por Jorge Erdely Graham, que dirigen una red de casas hogar distribuidas por la República mexicana de donde han desaparecido cerca de 25 niños: tres en Monterrey, 11 en la Casita de Cancún y 11 más en Casitas del Sur, en el Distrito Federal.
“El tráfico de menores forma parte de una compleja estructura transnacional del crimen organizado y Nuevo León no está excento de sufrir el acoso de delincuentes sin escrúpulos que trafican con niños y niñas” ---señalaron las organizaciones en un documento entregado a cada uno de los nuevos diputados de la LXXII Legislatura local---. “Diana, Adriana y Julio César, los niños desaparecidos, necesitan estar con su familia, pero lamentablemente el subprocurador de ministerios públicos del estado de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, nos ha informado que ya no los están buscando porque el caso pasó al ámbito federal, al ser atraído por la Subprocuradurí a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)”.
Las organizaciones no gubernamentales consideran “inadmisible la indolencia de las autoridades”, a quienes exigieron: “el reinicio de la búsqueda y la pronta localización de los niños retenidos ilegalmente por Caifac, la inspección de todos los albergues privados subvencionados por el Estado y la creación de un censo de niños canalizados hasta estos lugares y de un programa riguroso de supervisión y seguimiento, y la detención inmediata de Patricia Murguía, directora de Caifac sobre quien pesa una orden de aprehensión, aún sin ejecutar”.
Los manifestantes, entre los que se encuentran miembros de Alternativas Pacíficas, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Alianza Feminista de Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, Colectivo Plural de Mujeres, Género, Ética y Salud Sexual, y Pro Salud Sexual y Reproductiva, se dirigieron posteriormente al palacio de gobierno para solicitar al gobernador Natividad González Parás su posicionamiento sobre el tema, ya que nunca ha recibido a las madres de los niños desaparecidos, ni se ha referido al caso.
Sin embargo, a los manifestantes no se les permitió el paso al palacio de gobierno ni la entrega del documento. Un grupo de policías impidió igualmente que los representantes de las ONG se acercaran al lugar, y al final les comunicaron que sólo se les permitiría la entrada por la puerta de atrás, a lo que no accedieron: “nos parece lamentable la actitud de las autoridades”, dijo Consuelo Morales, direcotara de Cadhac. “Somos ciudadanos de primera y no de segunda para que nos manden entrar por la puerta de atrás. Solamente estamos pidiendo que el gobernador intervenga de una vez por todas en el caso de las niñas y el niño desaparecidos de Caifac”, puntualizó.
Claudio Tapia, representante del Foro Libre y Democrático de México fue contundente: “Ahora sabemos que hay tres niños desaparecidos, pero queremos saber cuántos niños más han secuestrado estos señores de Caifac. Las autoridades no tienen censos y muchos niños carecen de documentos e incluso de familia y seguramente nadie los está buscando. ¿Dónde están? Pueden estar prostituyéndolos o sencillamente vendiendo sus órganos. Exigimos la atención del gobernador y no nos hacen caso. Claro, como estos niños no se apellidan Garza, Sada o Martí, pues nadie hace nada. No es justo”.
Liz Sánchez, directora de Alternativas Pacíficas, exigió que se deslinden responsabilidades de funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la desaparición de estos tres menores: “El DIF tuvo a las niñas y al niño posterior a la denuncia que presentaron las madres y no los resguardó, ni los protegió, bajo el argumento de que no recibieron la orden expresa de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y, por tanto, se los entregaron nuevamente a Patricia Murguía, directora de Caifac sobre quien existe una orden de aprehensión”.
Otra de las personas en paradero desconocido es el doctor Sergio Humberto Canavati Ayub, fundador, junto con otras personas de Caifac Monterrey, de una asociación civil que operaba en el estado una red de albergues de donde las autoridades rescataron medio centenar de niños.
El caso saltó a la opinión pública cuando Brenda, de 12 años, decidió escaparse saltando desde el tercer piso del albergue Refugio de Amor, huyendo de los maltratos físicos y psicológicos que allí recibía. Brenda es hermana de Diana y a partir de esa fecha la niña y sus dos primos, Adriana y Julio César, fueron retenidos ilegalmente por Patricia Murguía, directora de la casa hogar, que ahora se encuentra en proceso de búsqueda y captura.
Portando una camiseta negra con la leyenda, "¿Dónde están? Queremos ver sus caras" y al grito de "¿Dónde están, dónde están, esos niños dónde están?" Un nutrido grupo de ciudadanos y ciudadanas ingresaron un documento al Congreso del Estado para exigir a la Legislatura entrante que proteja a la infancia de Nuevo León del tráfico sexual y de órganos. Al Congreso se le recordó su responsabilidad en otorgar una partida para apoyar albergues como CAIFAC cuya directora y fundador se encuentran prófugos de la justicia por el secuestro de tres niños que se encontraban bajo la tutela de la asociación civil.Una vez entregada la carta los manifestantes caminaron hacia el Palacio de Gobierno para entregar una carta en que se le exige a José Natividad González Parás que presente una postura pública sobre el caso de la desaparición de estos tres niños. Sin embargo, los guardias del Palacio cerraron las puertas e impidieron el paso y la entrega del contingente con el documento. Por un lapso de una hora, los manifestantes exigieron ser recibidos por alguna autoridad, al cabo de ese tiempo una persona no identificada accedió a que el grupo entrara por la puerta de atrás del Palacio, lo que los manifestantes rechazaron por consideran que condicionaba su derecho a entrar a un espacio público en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales 6, 8 y 11.
Los manifestantes se retiraron del lugar no sin antes condenar la cerrazón del gobierno estatal "¡La puerta cerrada: una bofetada!", terminaron el acto, en el que estuvieron presentes las dos madres de los niños desaparecidos y la niña que el diciembre de 2008 consiguió escapar del albergue para denunciar mal tratos y viajes de vacaciones misteriosos.
