Congreso de facto hondureño pide derogar decreto de suspensión de garantías


Luego del decreto de suspensión de garantías emitido el domingo por el presidente de facto, Roberto Micheletti, el congreso hondureño solicitó su derogación pero no explicó qué cosas quisiera modificar del mismo. Mientras tanto, continúa la represión al pueblo hondureño que manifiesta a favor del presidente Zelaya y el régimen de facto insiste en que sólo busca la paz para solucionar el conflicto en la nación.


El presidente del Congreso de facto hondureño, José Alfredo Saavedra, solicitó este lunes la derogación de un decreto que desde este fin de semana suspende varias garantías constitucionales en el país centroamericano y ratificó, en rueda de prensa con medios internacionales, que este hecho demuestra la "voluntad de diálogo" que existe entre los poderes del Estado.

Saavedra explicó que el Congreso tiene tres facultades constitucionales que le dan la posibilidad de ratificar este decreto, improbarlo o modificarlo; sin embargo indicó que el poder legislativo "aún no ha recibido el decreto y por esto ha invitado al pesidente (de facto) para discutir el tema".

En este sentido, señaló que como no ha recibido el decreto no puede decir aún los aspectos que se deben modificar pues sería una "injerencia de un poder del Estado en otro" y acotó que "es tiempo que las instituciones promuevan la independencia de los poderes del Estado".

El domingo el presidente de facto, Roberto Micheletti, anunció la suspensión de cinco garantías constitucionales por un lapso de 45 días, que podrán ser prorrogables, mediante un decreto que publicó en el diario oficial La Gaceta. Esta medida ha sido fuertemente criticada por la comunidad nacional e internacional pues incrementa la violación de las libertades del pueblo hondureño que ha sido reprimido en reiteradas ocasiones por las fuerzas civiles y militares del país.

En tanto, el gobernante de facto, Roberto Micheletti aseguró que hará consultas para tomar una decisión respecto al decreto de suspensión de garantías e indicó que "están conscientes que afecta a las elecciones y por eso vamos a tomar las decisiones pertinentes".

"Yo respetuosamente voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral incluso si hay la oportunidad de hablar con los candidatos para la presidencia para conseguir un acuerdo para que haya paz y tranquilidad para que el pueblo hondureño pueda participar en las elecciones del 29 de noviembre", expresó Micheletti.

Respecto a la situación de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, justificó las acciones al decir que "no hemos hecho nada que vaya contra la ley y las leyes internacionales ni lo vamos a hacer" y aseguró que la policía hondureña no entrará a la fuerza a dominios brasileros.

No obstante, el pasado viernes efectivos policiales y militares al mando del régimen de facto lanzaron gases tóxicos a la legación brasilera como medida de presión contra los que se encuentran dentro las instalaciones.

La embajada de Brasil en Honduras ha sido blanco de ataques permanentes desde que el presidente constitucional hundureño, Manuel Zelaya, llegó a estas instalaciones el pasado 22 de septiembre y donde se han reunido miles de seguidores que han sido víctimas de represiones por parte del gobierno de facto.

Amparo contra el desamparo

Por considerarlo ilegal e injustificable, el abogado Fredín Fúnez, miembro de la resistencia contra el golpe de Estado, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el estado de sitio decretado por el gobierno de facto.

"No se puede hablar de paz ni democracia con este estado de terror impuesto por este estado de sitio ilegal (...) porque si es a partir de las acciones de la resistencia, no se justifica. Las acciones de la resistencia, se ha comprobado que en más de 90 días han sido pacíficas", expresó Fúnez.

Según el abogado, ha sido el gobierno de facto el que perturba la paz en el país, pues los policías y militares responden de forma violenta a las manifestaciones e indicó que no se ha seguido el debido proceso para emitir este tipo de resoluciones.

En reiteradas ocasiones el gobierno de Micheletti ha decretado toques de queda para impedir las manifestaciones de calle a favor de Zelaya y el pasado 31 de julio, la primera dama de Honduras, Xiomara Castro de Zelya, introdujo un recurso de amparo contra los toques de queda, así como la suspensión de los retenes policiales de la comunidad de El Paraíso, frontera con Nicaragua, desde donde esperó encontrase con el presidente hondureño.