El Senado argentino delegó al Gobierno, entre otras facultades legislativas, el establecer las alícuotas de los derechos de exportación a ciertos productos agropecuarios, más conocidos como retenciones.La prórroga de un año para que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, posea facultades propias del Parlamento de su país, como el fijar derechos a las exportaciones de ciertos rubros alimenticios, fue convertida en Ley por el Senado del Congreso de esa nación suramericana.
Se trata de un conjunto de más de mil 900 leyes que delegan facultades legislativas a Fernández, entre ellas el artículo del Código Aduanero que le permite al Gobierno central imponer retenciones a las exportaciones de granos.
Ese cúmulo de instrumentos jurídicos ha debido ser revisado antes del 24 de agosto de 1999, plazo que impusieron los constituyentes cuando reformaron la Constitución Nacional en el año de 1994.
Pero esa tarea no se llevó a cabo a tiempo, razón por la cual el Congreso votó una nueva prórroga por tres años. El trabajo de revisión nunca se hizo, lo que obligó a nuevas y sucesivas extensiones en los pasado años de 2004 y en 2006.
El de la legislación delegada, fue un debate que este año cobró relevancia por el hecho de que entre las normas, que pudieron haber caído si no se prorrogan, se encuentra el artículo 755 del Código Aduanero.
Esa norma es la que le permite al Gobierno establecer las alícuotas de los derechos de exportación a ciertos productos agropecuarios, más conocidos como retenciones, y que son cuestionadas por la Mesa de Enlace Agropecuario, que agrupa a las cuatro principales asociaciones nacionales de empresarios agropecuarios de Argentina.
Además de la prórroga, el Senado argentino también convirtió en Ley un proyecto sobre Emergencia Agropecuaria, el cual contempla la creación de un fondo de 500 millones de pesos (129,5 millones de dólares); y el nuevo régimen jubilatorio para docentes universitarios que establece el 82 por ciento móvil para el sector.
Con ese fondo, el Gobierno argentino busca paliar los daños de las emergencias climáticas y recuperar la capacidad productiva, crea una Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria integrada por los distintos sectores involucrados.
Asimismo, la nueva ley establece la exención impositiva para los productores alcanzados por la emergencia durante el período productivo.
Asimismo, comenzó a debatir el proyecto que reforma la Ley de Administración Financiera, con la que busca regular, en hasta el cinco por ciento, las facultades del Jefe de Gabinete para readministrar las partidas del presupuesto nacional.
Este año, y desde 2008, la Mesa de Enlace Agropecuario ha organizado una serie de protestas para exigir al gobierno argentino medidas de estímulo para el sector, consiste en el no envío de granos y cereales a las industrias y los exportadores, así como el desvío del ganado vacuno a mercados de remate.
