PONENCIA GOBERNADOR DE MICHOACÁN.
LEONEL GODOY RANGEL.
Ciudad Juárez, Chihuahua., a 26 de agosto de 2009.
Buenas tardes, amigas y amigos. Quiero agradecer su hospitalidad al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, al señor alcalde José Reyes Ferriz y por supuesto a Manuel Espino Barrientos presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, por su invitación a este segundo foro internacional en Inseguridad “Dolor Evitable”
A los invitados especiales nacionales e internacionales que hoy están presentes, a los diferentes representantes populares que también hoy se encuentran aquí, a los medios de comunicación. A Lolita y a Carlos que les toco moderar este panel con los gobernadores, entre ellos Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, que se acaba de retirar.
Hoy en día el tema de seguridad, de la seguridad pública y la procuración de justicia ocupa un lugar principal, en México.
Brevemente deseo mencionar que nuestro sistema de justicia penal contiene dos apartados: el sistema federal, que nace de los delitos federales y el sistema estatal, que surge de los delitos del orden común, ambos están perfectamente delimitados por la Constitución mexicana.
El sistema de justicia penal estatal existe en las 32 entidades de la República Mexicana. Es el caso del Estado Libre y Soberano de Michoacán. En este rubro, el gobierno del estado, igual que las otras entidades federativas, tiene una estructura para la persecución de delitos del orden común. En Michoacán hemos tenido éxito, aunque relativo, al disminuir los delitos locales.
Sin embargo actualmente el problema en Michoacán, como en todo el país, son los delitos relacionados con el crimen organizado. Aquí es donde comienzan los problemas para las autoridades estatales, porque en materia de delitos federales, como es natural existe una estructura federal para perseguirlos. Pero la presión social y mediática se dirige a los gobiernos locales. Por ello la Constitución y las leyes secundarias establecen la obligación de las autoridades de los estados y los municipios a coadyuvar en esta lucha que hoy se da principalmente en todos los delitos vinculados con la delincuencia organizada, principalmente: narcotráfico o delitos contra la salud, que es un termino técnico en nuestro país, omitir fundamentalmente las narco-ejecuciones, extorsión y secuestro, además de contrabando, uso y trafico de armas exclusivas del ejercito, lavado de dinero, entre otros.
Esta coadyuvancia, que se traduce en coordinación y colaboración, no siempre es la más eficiente, por eso una buena idea que este sea el tema de este panel porque normalmente las autoridades federales solicitan el apoyo (conforme a convenios y acuerdos en materia de seguridad entre la federación y los estados y el Distrito Federal) pero rara vez, cuando menos en Michoacán, informan de los resultados de los operativos conjuntos, o de investigaciones de delitos relacionados con la delincuencia organizada que ocurren en tú territorio, el mejor ejemplo son los atentados del 15 de septiembre en Morelia, no conocemos el resultado de las investigaciones de tres detenidos que hubo, lo que ocasiona falta de continuidad, sistematización y mejor colaboración de las autoridades estatales con las federales.
Al final, normalmente, sucede que si aumenta la incidencia delictiva en vez de disminuir, de manera simplista se culpa a las autoridades estatales de este incremento, aún a sabiendas que son delitos que compete al gobierno federal combatir. Esto genera dificultades, pues los gobiernos de los estados, consideramos injusto tal acusación. En todo caso debería de decir es responsabilidad de ambos órganos de gobierno federal y estatal, más de las autoridades federales, pero al final del día el resultado es una lucha menos eficaz contra la delincuencia organizada.
En ese marco se inscriben los acontecimientos del 26 de mayo pasado, donde el gobierno federal, en un hecho inédito, en la lucha contra el crimen organizado en el país, ya que se detuvieron en un solo operativo, en una sola mañana a 28 servidores públicos estatales y municipales, entre ellos diez presidentes municipales y servidores públicos estatales de segundo nivel. Porque cabe aclarar, que los dos más altos funcionarios del Gobierno del Estado, el procurador y el subprocurador, se entregaron al otro día, por petición mía.
¿Qué sucedió? ¿Dónde se dio el desencuentro con el Gobierno Federal? No lo sabemos, hasta ese momento veníamos colaborando normalmente con las autoridades federales. Incluso trabajando con el Gabinete de Seguridad Nacional y el propio presidente, Felipe Calderón Hinojosa. Lo cierto es que sin ningún motivo conocido públicamente, no nos avisaron. No hubo coordinación
Por ello, no aceptamos la sugerencia de emitir un comunicado de que había sido un operativo coordinado entre el Gobierno Federal y el de Estado. Ya que esto no había ocurrido así.
Además, hubo otro problema, en mi opinión, por ser abogado, más grave. Todo el operativo se realizó en base a ordenes de “localización y presentación de personas”, esto es, una orden dictada por una autoridad administrativa (el Ministerio Público Federal) y fue suficiente para ellos, para entrar violentamente a domicilios particulares, presidencias municipales y el mismo Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Estatal. Violándose varios derechos humanos de los detenidos (sean delincuentes o no, como seguramente, así lo resolverá el juez en su momento), para luego arraigarlos en la ciudad de México.
Lo hemos dicho y hoy lo volvemos a enfatizar aquí, el operativo en Michoacán era necesario, la corrupción y la complicidad sin duda se da, como lo dijo el secretario de Seguridad Pública Federal aquí, en los tres ordenes de gobierno y entre ellos con mayor posibilidad de éxito en los ordenes municipales y estatales, pero existen procedimientos, que el pacto federal obliga, incluso, como lo decimos líneas atrás, para que la coordinación se dé y sea más eficaz. Esto no ocurrió y hoy estamos ante problemas que deben resolverse.
Por todo lo anterior queremos hacer las siguientes afirmaciones:
1. Los delitos relacionados con el crimen organizado son de índole federal y le compete al gobierno federal su persecución; así lo establece perfectamente nuestra Constitución. Por ello los éxitos o los fracasos son atribuibles en primer lugar a las autoridades federales.
2. Los gobiernos de los estados deben coadyuvar en esa lucha, pero a través de los mecanismos de coordinación que establezcan las leyes, convenios y acuerdos suscritos en el espíritu del pacto federal, como actualmente se da. Y nos corresponde un grado de responsabilidad también en el éxito o fracaso.
3. Es una decisión correcta del gobierno federal los operativos en los estados, incluso la participación de las fuerzas armadas (aunque esto debe de ser temporal). Propician mejores resultados, pero más si se afinan los mecanismos de coordinación y se eliminan las desconfianzas que no cabe entre autoridades constitucionalmente establecidas, ni por poner políticos diferentes, la seguridad es un tema de Estado y todos debemos de participar en ello.
4. Se puede perseguir y castigar a la delincuencia organizada con la Constitución en la mano. Esto es, respetando los derechos humanos, las garantías procesales y permitiendo procesos debidos y justos.
5. Por ello, es nuestra convicción, debe revisarse la estrategia y las figuras jurídicas, que hoy se están utilizando a fin de evitar regresar a un sistema de justicia del medievo. Esto es un sistema inquisitorial, donde se es culpable hasta que demuestra tu inocencia.
6. Proponemos revisar las figuras jurídicas de: que se utilizan en el combate al crimen organizado.
a) Localización y presentación de personas (que hoy tienen más fuerza legal aparente, que las órdenes de aprehensión que son dictadas ante la autoridad judicial). Para que no se abuse de su uso.
b) El arraigo, cuyo uso, denigra a las personas y sus garantías procesales, pues los incomunica, sin derecho a ser asistidos por sus abogados, sin posibilidad de defensa legal.
c) Los testigos protegidos que deben someterse a las reglas procesales, de cualquier tipo de testigos: que sean idóneos, que no tengan interés personal o legal, que tengan calidad moral, entre otros.
d) Las intervenciones telefónicas que siempre deberán contar con la autorización judicial a fin de evitar que la autoridad administrativa sea juez y parte.
e) Las llamadas telefónicas anónimas que deben de tener ciertos elementos, que eviten las bromas, venganzas personales, o simplemente errores.
Todo esto es posible para qué la lucha contra la delincuencia tenga éxito.
¿Por qué decimos que deben revisarse también las estrategias? Porque, siempre será insuficiente el sólo uso de la fuerza para derrotar o reducir significativamente la delincuencia.
Hace falta la otra cara de la moneda, la lucha contra las desigualdades, la falta de oportunidades de empleo, educación y salud, principalmente. Es también de una política de prevención del delito qué tengan la misma fuerza que la reacción del Estado
Hace falta poner la misma enjundia, la misma vehemencia, en el desarrollo económico que disminuya la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades. No estoy afirmando que la pobreza sea la única causa de la criminalidad, sin embargo, todo demuestra que es un caldo de cultivo propicio.
Si combatimos con la misma fuerza las desigualdades sociales, que a la delincuencia, si actuamos con respeto a las garantías constitucionales, si reivindicamos un sistema de justicia penal donde prevalezca la presunción de inocencia (por difícil que parezca, en estos tiempos) y el respeto a los derechos humanos. Estoy seguro que derrotaremos a este flagelo nacional que es el crimen organizado y sus secuelas en el país.
Es necesario reconocer que el crimen organizado es un fenómeno delictivo de nuestros tiempos, pero que se puede combatir sin vulnerar un sistema de justicia penal humanista que nos ha costado mucho construir. Así podremos recuperar la seguridad pública y darle paz y tranquilidad a los mexicanos que es uno de los motivos de este segundo Foro.
Muchas Gracias por su atención.
