El 12 de este mes vence el plazo que los indígenas peruanos fijaron al Gobierno para dar por terminada la persecución contra sus líderes y para que se levante la petición de disolución de la principal organización nativa, en caso contrario, iniciarán una serie de manifestaciones pacíficas en todo el país.
"El plazo que le dimos (al gobierno) fue de 20 días para resolver nuestras demandas, que se deben cumplir el 12 de noviembre, si no las mil 350 comunidades realizarán marchas de protesta en todo el país", dijo a los medios este domingo Edson Rosales, portavoz de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Para ese día, las comunidades indígenas fijarán la fecha de la movilización en las capitales de provincias para dar comienzo a las protestas pacíficas.
Los Apus, o jefes de las ocho organizaciones regionales que agrupa a las comunidades indígenas, se concentraron en Lima el mes pasado, donde establecieron el plazo para que el Gobierno de Perú solucione cada una de sus demandas.
La primera solicitud que exigen los nativos es el retiro del pedido para disolver la Aidesep; y la segunda petición es dar término a la persecución policial contra 84 líderes de estas tribus.
El pedido de disolución de la Aidesep fue hecho por el procurador del ministerio de Justicia ante la Fiscalía debido al llamado a la "insurgencia" hecho por su presidente, Alberto Pizango quien se encuentra asilado en Nicaragua.
La persecución de los jefes indígenas se desprende de los sucesos del 5 de junio pasado, cuando una protesta de nativos amazónicos culminó en enfrentamientos con la policía en la región amazónica de Bagua, dejando 34 muertos, 24 de ellos policías.
"La marcha la hemos llamado los 'cinco suyos' (vocablo quechua que significa región)" considerando a la amazonía como el quinto suyo, ya que en la época del Imperio de los Incas, su territorio estaba dividido en cuatro suyos, señaló Edson Rosales.
En mayo pasado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana impulsó una serie de protestas en la amazonía como una medida de rechazo a un paquete de normas que alteraban las características de la propiedad del agua y la tierra en la selva, para facilitar su transferencia a la inversión privada.
Las llamadas leyes de la selva fueron anuladas por el Gobierno, quien reunió a las agrupaciones indígenas para constituir mesas de diálogo y llegar a una propuesta legal aprobada uniformemente que todavía está pendiente.
